Las bases de licitación se aplicaron a lo menos en forma “flexible”.
Y así, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la V Región de Valparaíso permitió que empresas constructoras modificaran las obras públicas a realizar, en general haciendo menos de lo presupuestado, pero cobrando exactamente lo mismo que en principio, produciendo con ello un importante perjuicio a las arcas estatales.
Esa es una de las situaciones detectadas por la Contraloría General de la República, en una auditoría a la que accedió “La Segunda”, tras revisar la actuación del Serviu durante 2009 y comienzos de 2010. Para ello, hizo un muestreo del 28,5% de movimientos (por $65.148.396.000) realizados en el periodo.
Las irregularidades en parte fueron posibilitadas por comprobantes de ingresos que “no cuentan con autorización”, y la inexistencia de “arqueos a los fondos de Tesorería y a los fondos fijos, por parte de personal independiente de Finanzas”.
Sumario por $1.304.821.679
El primer sumario de relevancia fue ordenado por los $1.304.821.679 pagados por la pavimentación de calzadas y aceras en los sectores de Playa Ancha, Cerro Mariposas y Placeres, de Valparaíso.
La primera licitación se declaró desierta, tras lo cual se llamó a participar a tres empresas, se les cambiaron las condiciones de postulación por otras más favorables, eliminándose una serie de construcciones a realizar. A pesar de ello no se llamó a una nueva licitación, lo que el organismo fiscalizador calificó como una “contravención” a la ley.
Así y todo, sólo se presentó una firma: Constructora Gonzalo Mercadal y Cía. Ltda., a la cual se asignó el proyecto, que originalmente era por $1.167.476.985, pero se aumentó a $1.304.821.679 al agregársele nuevas obras.
La firma dejó de construir una serie de trabajos establecidos en el convenio —por ejemplo, un muro de hormigón de 9 metros, otro de 17 m quedó en 13 m y un tercero de 25 m quedó en 6 m— y sí realizó otras labores no especificadas, aunque menores. Contraloría ordenó el proceso sumarial.
Más plata por menos obras
Otro problema se presentó en el Barrio Vista al Mar de Concón, donde se contempló pagar $387.370.396 por el proyecto “Quiero mi barrio” y se terminó desembolsando $408.109.104.
La licitación se declaró desierta, a pesar de que durante el proceso se eliminó una gran parte de las obras a realizar y sólo se dejó la construcción del Parque Recreativo Central, quedando fuera trabajos en tres plazas, pavimentación de calzada y aguas lluvia en calle La Rayuela y pavimentación de aceras en otras 5 calles.
Para zanjar la situación, se adjudicó directamente el proyecto a Siglo Verde S.A., acordándose un precio de $408.109.104. Contraloría concluyó que “los cambios introducidos al proyecto implican una modificación a las bases de licitación y ordenó un “proceso disciplinario”.
También se hicieron menos obras y hubo una serie de deficiencias constructivas en el contrato por $985.717.831 que por concurso ganó la firma Gastón Ramírez Matamala para el programa de pavimentación participativa en Quilpué. Pese a ello, igual se pagó toda la suma estipulada inicialmente.
Similares situaciones —obras sin hacer o incompletas— se detectaron en millonarios proyectos, como por ejemplo en Nogales ($489.608.588) y en el polémico conjunto habitacional Valle de Andorra, en Valparaíso, en que por irregularidades en los estudios de suelo hubo que desembolsar $1.500.000.000 millones adicionales para la construcción de un muro de contención de taludes. En este caso, un grupo de parlamentarios de la Alianza presentó una querella ante la justicia.
También se concedió permiso para construir viviendas habitacionales saltándose los planos reguladores de Quillota, lo que también valió la realización de un sumario. En otros casos, los libros de obra no tienen los antecedentes sobre deficiencias constructivas, como por ejemplo en el proyecto Nuevo Porvenir en Villa Alemana (US$ 4,5 millones).
Vista gorda a Esval
Según el contrato de Rotura y Reposición de pavimento entre el Serviu y la sanitaria Esval S.A., esta última debe pagar al fisco cada vez que interviene una calle. Contraloría constató que Vivienda “no revisa ninguna de las obras”, ni siquiera para recepcionarlas.
Además, en todo 2007, 2008 y parte de 2009 no se cobró a Esval los alrededor de $120 millones que debió cancelar en virtud del convenio, cifra que enteró de una sola vez en 2009.
Sin embargo, se dio cuenta de UF 403 que aún adeudaba la empresa.
Ante las irregularidades, Contraloría decidió verificar la veracidad de los datos proporcionados por Serviu (en general inexistentes) y Esval. Tomó un muestreo de 84 puntos intervenidos y se dio cuenta de que 39 obras no fueron informadas por la firma a Vivienda, “y por ende el servicio no las inspeccionó, ni recibió pago de los derechos correspondientes”. Ordenó la realización de un sumario.
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